Restitución de Tierras

8 de Febrero de 2012

Solo 22 jueces agrarios fallarán en el 2012 en restitución de tierras. Se están adjudicando terrenos baldíos en vez de recuperar las tierras usurpadas, como se prometió; cada proceso tardará entre año y año y medio, y puede surgir un serio problema de inviabilidad fiscal. Estas y otras verdades que la mayoría de los colombianos desconocen de la restitución de tierras, y que no se escuchan en los promisorios discursos gubernamentales.

Tanto del discurso de posesión de Santos ante el Congreso, como de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se entiende que los terrenos que se retornarán serán los que fueron usurpados por paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes; prosas y motivos que ilusionaron a un país, pero que también lograron que escépticos hicieran correr ríos de tinta. Al día de hoy siguen siendo ilusiones, y la realidad revela que tanto recelo no era infundado.

Minagricultura indica que 71.128,4 hectáreas de terrenos baldíos de la Nación fueron tituladas a campesinos por medio del Plan de Choque, mientras los predios que los victimarios adquirieron por medio de la violencia siguen en un limbo jurídico. Resulta preocupante que los lineamientos de restitución a los despojados no se articulen con un marco de reparación y de justicia ante los victimarios, y que por otro lado no se prevea una desestabilización de las finanzas de la Nación, como bien lo ha advertido la contralora Sandra Morelli.

La idea que nos ha vendido nuestro Presidente es que el programa de retorno de las víctimas a las tierras estará acompañado de un componente de seguridad, que garantice las condiciones de defensa de los desplazados frente a los victimarios, es por ello que utilizar las tierras de la Nación para la reparación no responde a los objetivos de la ley, es incumplir obligaciones adquiridas por iniciativa propia y es defraudar la fe de los colombianos en la verdad y la justicia, saliéndose por el camino fácil, dentro del complejo entramado que es la restitución de tierras, sin resolver los problemas de fondo.

Ahora, esta no es la única falencia que desconocen muchos colombianos frente a la restitución de tierras, pues también hay un problema de carencia de jueces agrarios encargados de conocer y fallar en esta materia. La Ley de Restitución de Tierras establece que serán los jueces especializados en restitución de estas los facultados para fallar en esta materia, habiendo para este año tan solo 22 jueces de este tipo, quienes difícilmente podrán conocer el elevado número de 2.100 casos que el Gobierno promete resolver en 2012, y así encaminarse a cumplir la ambiciosa propuesta de Santos de restituir dos millones de hectáreas a los campesinos desplazados durante el cuatrienio de su mandato. Pero además, la Unidad Administrativa Especial para la Restitución de Tierras Despojadas, encargada de tramitar las reclamaciones, cuenta hasta el momento con un número irrisorio de dos oficinas en el país, una en Bogotá y otra en Montería, hecho que dificulta el acceso de las víctimas a los servicios prestados por esta entidad.

Recordemos, como bien lo ha dicho el ministro Juan Camilo Restrepo, que la restitución de tierras parte de la necesidad de saldar una deuda con las víctimas, que estaba insoluta, impagada, y que ni ética, ni históricamente era legítimo, ni aceptable, dejar sin pagar. Pero, ¿cómo asegurar el cumplimiento de objetivos cuando no hay un soporte institucional amplio y suficiente, cuando no se ajusticia a los victimarios y se les despoja de las tierras que la violencia les ha permitido disfrutar? Ante esto, solo esperemos que ese escepticismo no se vuelva pesimismo, y que los discursos de Santos no se queden en una mera ilusión, pues aunque no soy uribista, a nuestro Presidente le urge “trabajar, trabajar y trabajar” y dejar de hablar.

Tatiana Dangond
@tatidangond