¿Vía de la Prosperidad o Vía de la Discordia?

El departamento del Magdalena adquiere millonaria obligación contractual sin tener disponibilidad presupuestal, todo mediante un proceso licitatorio llamado por su mandatario como legal y transparente, a pesar de las irregularidades expresamente señaladas por diferentes instituciones, a las que la Gobernación consideraría caprichos del centralismo.

La Vía de la Prosperidad, como fue bautizada por Santos durante su campaña presidencial, ha generado toda clase de polémicas y controversias, llevando a que el joven gobernador del Magdalena decidiera adjudicar el contrato de la obra ignorando por completo las peticiones que se hacían desde el Ministerio de Transporte, Invías y la Procuraduría.

El jalón de orejas de la Procuraduría contenía 19 puntos en los cuales se resumían los motivos por los cuales el proceso licitatorio estaba viciado. Así mismo, Invías advirtió a través de un documento del 8 de agosto de 2013, que el proceso no cumplió con los plazos legales para la convocatoria, no se permitió la participación adecuada y no hubo igualdad de condiciones de los diferentes proponentes tras los cambios realizados al pliego de condiciones. Siendo tan claras y manifiestas tales irregularidades en el proceso, ¿cuál era el afán del gobernador y su gabinete de adjudicar la obra con tal premura?

Es un interrogante al que deberían darnos alguna respuesta, aunque seguramente lo sabremos a través de los órganos de control.

La Vía de la Prosperidad es de suma importancia para el Departamento en tanto permite conectar diferentes municipios que se encontraban claramente aislados, pero ante tal urgencia no es razonado ni lógico realizar una adjudicación afanada e irregular, para que la obra se vea truncada, no solo por su escasa disponibilidad presupuestal, sino por diferentes procedimientos que se puedan llevar ante los órganos de control por haberse ejecutado un proceso de licitación apartado de la ley.

Hasta que Luis Miguel Cotes no se siente a dialogar con la ministra de Transporte sobre cómo llegar a una solución conjunta frente a la adjudicación de tal contrato, tendremos un proyecto de obra al que le faltará 266 mil millones para lograr su plena ejecución, cuando el valor acordado para el primer tramo es de 466 mil millones.

Esta obra fue la bandera del presidente en el Magdalena durante su campaña, es una promesa y un anhelo del Departamento, sin embargo, no podemos permitir que por decisiones apresuradas y propias de momentos de tensión se vaya a ejecutar una obra a medias, como muchas de las existentes alrededor del país.

Las advertencias a las cuales hizo caso omiso el gobernador, ahora son sustento de una tutela que ha llevado a la suspensión provisional del proceso de adjudicación del contrato, y cuyo fallo seguramente no será favorable para el Departamento. La mejor salida es que Cotes y su gabinete acepten la invitación que ha manifestado la ministra Cecilia Álvarez-Correa para dialogar y llegar a un acuerdo.

La transparencia y la legalidad de los actos no se demuestran a través de decisiones arbitrarias sino de procesos ceñidos a la Ley y a las recomendaciones de los órganos de control; está de por medio un presupuesto importante de la Nación y el Departamento, y ningún afán puede justificar una adjudicación cuyo procedimiento lleva a peores e injustificadas dilaciones.

Por Tatiana Dangond 

@tatidangond

Caicedo, hora de gobernar

04 de Abril de 2012

Carlos Caicedo, alcalde de Santa Marta, representa la esperanza de un pueblo que ha idealizado a un líder que promete ser lo que el Distrito necesita, un mandatario eficaz y eficiente, alejado de las prácticas usuales de corrupción.

La elección de él como Alcalde denota progreso en la cultura política de los electores samarios, quienes rompieron con la dinámica del voto de maquinaria y de familias que se han perpetuado en el poder, periodo tras periodo, para votar conforme a su opinión. Pero apartándonos un poco de los cuentos rosa y las ilusiones que rodean esta gestión, es hora de empezar a mirar en concreto la dirección que está tomando esta Administración, y de evaluar el trabajo que ha venido realizando durante sus primeros 100 días de gobierno.

Varios comentarios surgen de estos primeros meses, algunos positivos y otros no tanto, como el hecho que Carlos Caicedo ha descuidado un poco sus funciones como Alcalde y no ha arrancado con la fuerza que el pueblo esperaba, por el tiempo que le demanda la investigación penal que se adelanta en su contra, o que su fuerte temperamento ha perjudicado la estabilidad del gabinete y las relaciones con el Concejo Distrital, dificultando significativamente su gobernabilidad. Si bien Caicedo, en un acto que denota ánimos de transparencia y eficacia, conformó su gabinete con personas destacadas por su preparación profesional, se ha dicho que el mandatario está obrando caprichosa e inestablemente al sacar de su equipo al Secretario jurídico, al Secretario general y a su Secretaria de Educación, esta última tuvo que pagar los platos rotos del rotundo fracaso de las jornadas de matrícula escolar que se realizaron en el estadio Eduardo Santos. Estos actos de inestabilidad política afectan la exitosa consecución de su programa de gobierno y evidencian un talante que le dificulta trabajar en equipo.

En la corta gestión que lleva Caicedo, resalta un hecho que puede llegar a afectar el erario público del Distrito: la finalización de la concesión de la empresa recaudadora de tributos en la ciudad, pues ahora será el Distrito que, en cabeza propia, desarrollará esta labor. Esta decisión representa un claro retroceso, por cuanto se dará cabida a viejas prácticas donde el recaudo de impuestos bajo la dirección del Distrito daba pie a que los funcionarios de manera fraudulenta se apropiaran de un porcentaje de estos y mal administraran nuestras finanzas.

Pero sin lugar a dudas el problema más grave que enfrenta esta Administración es su mala relación con el Concejo Distrital, que como asegura en entrevista el concejal Carlos Mario Mejía (ver link), se debe a una actitud excluyente por parte del Alcalde, quien los ha ignorado a la hora de construir su plan de desarrollo, y quien ha afirmado que gobernará sin necesidad del Concejo. Este hecho causa preocupación, pues además de mostrar a un Gobierno que quiere caminar solo y que deja a un lado a quienes también fueron elegidos mediante voto popular, es indicio de un líder que con sus propias acciones está obstaculizando su labor, y con ello el interés general del pueblo que lo eligió.

En un diagnostico general de estos 100 días, habría que destacar su interés en la construcción de 10.000 viviendas de interés social, que realmente se necesitan, y su propósito manifiesto de darle el contrato de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado a las Empresas Públicas de Medellín. Pero también merece un jalón de orejas por querer trabajar solo, pues lo peor que le puede pasar a un mandatario es creerse el dueño de la verdad revelada y de la ética y la moral pública. Las políticas públicas se construyen desde el consenso y el trabajo en equipo. Recordemos que los pilares del desarrollo de una ciudad se cimentan desde el trabajo mancomunado entre Concejo y Alcaldía, dejando el egocentrismo a un lado y teniendo como principal motivación los intereses de los electores.

P.D: En esta Semana Santa les recomiendo al Alcalde y a los concejales que se lean La poliarquía, de Robert Dahl.

Por Tatiana Dangond
@tatidangond

Jugadas Políticas

28 de Marzo 2012

La elección de Montealegre simboliza el fin de la “venganza criminal”, excusa de los uribistas para pedir asilos y justificar investigaciones, y es la muestra de que el ente investigador está al vaivén de los intereses políticos.

La elección del nuevo Fiscal ha sido recibida por los uribistas con gran emoción, pues la relación que tuvo Montealegre con el anterior Gobierno los lleva a presumir que las investigaciones que se adelantan en contra de sus funcionarios serán tratadas con mayor imparcialidad, o tal vez atenuadas. Por oposición a otro sector de la opinión pública, que ha recibido al nuevo jefe del ente investigador con bastantes reservas y como un retroceso para las investigaciones en contra de uribistas que se adelantan ante la Fiscalía. A todas estas, lo único cierto hasta el momento es que tiene una excelente hoja de vida y su discurso en pro de los derechos humanos y de defensa a la verdad de las víctimas es un buen indicio para alguien que era defensor del Estado por violación de derechos humanos.

Lo bueno de Montealegre, además de sus bondades profesionales y experiencia, es que con él se desintegra el escudo utilizado por los funcionarios del pasado Gobierno, quienes se refugiaban en los posibles vicios en que incurrían las investigaciones bajo la dirección de Viviane Morales. Ahora, si bien la medida de aseguramiento en contra de Luis Carlos Restrepo era el retrato de una retaliación y una vulneración del garantismo judicial, hay otros funcionarios de esta corriente, como Andrés Felipe Arias, quien no es precisamente un santo y cuya investigación se desarrolló adecuadamente. Si Eduardo Montealegre procede con la ecuanimidad que su cargo exige, y desarrolla con rigor las investigaciones, no podrán alegar los uribistas una venganza criminal viniendo de uno de los suyos.

Por otro lado, con la postulación de Montealegre se evidencia la politización de una figura institucional que debería configurarse dentro de los más estrictos parámetros de seriedad e imparcialidad que amerita el ente acusador. La terna de Montealegre por parte de Santos, obedece a las presiones que viene ejerciendo el séquito uribista contra él, quien desde el comienzo de su mandato ha apostatado las ideas de quienes lo catapultaron Presidente.

Montealegre es un guiño de Santos hacia los uribistas, asediados por las investigaciones que venían procediendo en su contra y quienes exigían indirectamente de Santos un fiscal que finalizara con la persecución política y que de cierta forma los favoreciera. Con Viviane Morales y Eduardo Montealegre aflora la crisis que afronta la Fiscalía, donde la elección de la ex Fiscal fue anulada por la presión coyuntural, y el nuevo fue postulado para aliviar pesares de la política.

Es necesario fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía mediante una ley orgánica que fije lo atinente a requisitos y periodos del Fiscal y Vicefiscal, pues es inaudito que la Corte Suprema haya exigido con la renuncia de Viviane Morales también la del Vicefiscal por no contar este con las calidades necesarias para asumir el cargo de jefe del ente investigador. Estamos frente a un circo institucional, donde las reglas del juego no están definidas, a quien es llamado a reemplazar al Fiscal no se le exigen los mismos requisitos que a este, y a estas alturas se desconoce si el periodo de Montealegre será de uno o cuatro años.

La politización y desorganización de entidades tan importantes para la coyuntura nacional atentan contra el buen funcionamiento de la democracia, vulnera los principios de imparcialidad y autonomía, y obstruye el cumplimiento del mandato constitucional.

Por Tatiana Dangond
@tatidangond

El Parlamento de Nariño

21 de Marzo de 2012

Lo que en principio se veía como una forma de inclusión y cooperación entre partidos ha degenerado en el mejor instrumento del Gobierno para planear y moldear la agenda legislativa como mejor quiere, con la total aquiescencia de la mayoría de los parlamentarios, a excepción de unos pocos que se suman al Polo Democrático.

La Unidad Nacional es el centro del poder colombiano y el escenario constante donde el legislador se convierte en un mero tramitador de los proyectos de ley del Ejecutivo. Nos encontramos frente a una crisis de la democracia colombiana, donde la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha convertido en una línea imaginaria fácil de sobrepasar, ahora los proyectos no se aprueban en los debates de plenaria en el Congreso, sino en el Palacio de Nariño en la coyuntura de la Mesa de Unidad Nacional.

Muestra de lo anterior es que las grandes iniciativas legislativas están lideradas por el Gobierno, como la Ley de Tierras, que promete ser una “revolución agraria”, el acto legislativo del Fuero Militar, la iniciativa anunciada por el Gobierno de las Corporaciones Autónomas Regionales y la Reforma a la Justicia, si es que así puede llamarse. No sería raro que el Congreso terminara aprobando la Reforma a la Justicia, porque muy a pesar de las críticas que rodean a este proyecto y que la rama judicial está abiertamente en contra, solo basta que el Gobierno dé luz verde para que se apruebe. Este proyecto de acto legislativo debería caerse por su propio peso, pues en realidad no está reformando la justicia, tampoco está generando soluciones para la descongestión de los despachos judiciales. La Reforma a la Justicia se convirtió en una lucha de poderes, un pulso sobre quién elige a quién.

Las iniciativas propias de los parlamentarios han pasado a un segundo plano, por ser estas de pequeña escala y por no generar gran impacto sobre los problemas que agobian al país, como el proyecto “Fútbol para Todos”, liderado por el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, para que los torneos de fútbol profesional colombiano puedan ser transmitidos por todos los canales de televisión en Colombia, un proyecto que no genera valor agregado al país. Se salvan algunos proyectos como el Marco Jurídico para la Paz, liderado por el senador Roy Barreras, por desarrollar ejes centrales de la justicia transicional y de los proceso de paz, como la exigencia de la liberación de todos los secuestrados antes de poder desarrollarse negociaciones con grupos armados ilegales.

Los debates en plenarias y comisiones son ahora una formalidad que debe cumplirse y el ‘pupitrazo’ es la forma de aprobación. ¿Es acaso ese el debate que merecen los temas que más afectan al país?, ¿no es una falta de respeto que al término de periodos se aprueben decenas de proyectos en minutos o a la madrugada? Al parecer esta tendencia no cambiará y será poco el control y contrapeso que el Congreso hará sobre el ejecutivo.

Lastimosamente, la intervención en este sentido es limitada para los ciudadanos, y el debate como garantía de control, precario. Tal vez el canal institucional debería incluir en su programación las reuniones de la Mesa de Unidad Nacional, así los colombianos estaríamos más enterados de lo que realmente pasa en nuestro país y podríamos ejercer funciones de veeduría.

Por Tatiana Dangond
@tatidangond

Por la mujer rural

14 de Marzo de 2012

A pesar de las medidas tomadas por el Estado para materializar la igualdad de género, el fuerte de estas ventajas no puede ser aprovechado por la mujer rural, cuyos problemas de discriminación tienen otras fuentes más especiales que el de la mujer urbana. La mujer colombiana tiene muchos logros sin alcanzar aún, como tener una mayor participación en el sector público, o que las medidas que sancionan la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres que desarrollan una misma actividad sean aplicadas a cabalidad.

Pero dentro de estas metas por alcanzar, tenemos que alzar la voz en pro de la toma de medidas especiales para la mujer rural, que permitan el desarrollo de sus derechos como mujer y como ciudadana.

La discriminación que se da a la mujer rural está dada por su calidad de mujer y de rural, además por ser esta objeto constante de violencia como consecuencia del conflicto armado. La mujer rural es la más afectada por el conflicto, sufriendo muchas veces la violencia sexual empleada por los victimarios para humillar y sembrar terror en el campo. La labor de la mujer del campo, incluso dentro de sus familias, es desestimada, por cuanto se considera que el hombre goza de mejores cualidades para trabajar la tierra, hecho que implica que el trabajo de la mujer muchas veces sea asimilado a las labores domésticas y que por ello no reciban remuneración, o reciban un pago muy inferior al merecido por su trabajo.

El Programa de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, que pretende desarrollar la Ley 731 de 2002, que tiene como fin mejorar las condiciones de vida de la mujer rural, si bien implementa unos incentivos como impulsar a la mujer rural empresarial, no ataca núcleos esenciales de discriminación, como la dificultad para acceder al sistema de salud o como deficiente seguridad alimentaria.

Además, los programas destinados para la mujer rural no cuentan con el presupuesto necesario, muestra de ello es la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, que no tiene las herramientas necesarias para desarrollar medidas efectivas en pro de su objetivo.

Se deben tomar medidas para que la mujer rural pueda tener mayor acceso a la salud y a la justicia, así como programas de salud sexual y reproductiva, que conlleven a un replanteamiento del papel de la mujer dentro de su familia y de la sociedad. Y esto será posible en gran medida si la mujer logra tener una mayor participación en los órganos estatales, como en el Congreso, donde actualmente no hay una representación fuerte de los derechos de la mujer rural. Con ocasión a la campaña que están haciendo algunos senadores del Partido de la U para la presidencia del Senado, una de ellos, Maritza Martínez, podría desarrollar una buena labor en este cargo, dándole vigencia a temas como la igualdad de género o la mujer rural.

Es necesario que las mujeres aunemos nuestros esfuerzos, como lo hicieron mujeres históricas que lucharon por nuestros derechos, para que la mujer rural también sea objeto de las medidas que se toman para erradicar la discriminación de la mujer por su género. Se deben tomar medidas para que la mujer rural pueda tener mayor acceso a la salud y a la justicia, así como programas de salud sexual y reproductiva, que conlleven a un replanteamiento del papel de la mujer dentro de su familia y de la sociedad.

Por Tatiana Dangond

@tatidangond

La Defensoría Jurídica

07 de Marzo de 2012

La Agencia Nacional de la Defensoría Jurídica del Estado es una medida necesaria, pero coyuntural, para solventar las crisis de las finanzas públicas por la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta no resuelve el problema de fondo, que es la ineficacia y mediocridad de algunos agentes encargados de desarrollar funciones públicas. La agencia ideada por el presidente Santos y dirigida por Fernando Carrillo tiene por objeto disminuir el número de fallos condenatorios donde se responsabiliza al Estado, pues todo indica que el erario público entrará en crisis, ya que en la actualidad hay 260 mil procesos por fallar que podrían traducirse en el pago de hasta 1.028 billones de pesos.

Pero muy a pesar de sus loables fines, es evidente que a partir de su accionar se podrán ver vulnerados los derechos de resarcimiento de ciudadanos que hubieren sufrido un daño antijurídico imputable a la Administración, pues es claro que las prerrogativas de las que gozarán los nuevos abogados del Estado superarán notablemente los medios a los que tiene acceso un abogado particular. La experiencia ha demostrado que dependencias jurídicas relacionadas de algún modo con entidades estatales han atentado contra derechos de las víctimas y han impedido el esclarecimiento de hechos. Casos como el de la Defensoría Militar, Demil, que si bien no era una dependencia propiamente de las Fuerzas Militares, tuvo acceso en diferentes ocasiones a elementos del Ejército, como fue el caso del helicóptero militar utilizado para viajar a Arauca con fines de recoger testimonios que favorecieran al teniente Muñoz, investigado por el homicidio de tres niños de Tame.

No es admisible que haciendo uso de prerrogativas de tal índole se falle en contra de ciudadanos víctimas de flagrantes fallas en el servicio por parte del Estado, fallas recurrentes, así como los fallos en su contra. A modo de ejemplo, el Consejo de Estado recientemente condenó a la Policía Nacional al pago de más de $750 millones de pesos por concepto de perjuicios por la muerte de un señor que el 20 de mayo de 1998 se desplazaba por la carretera que de Pereira conduce a Armenia, y que al rehusarse a acatar una orden de parar fue víctima del fuego indiscriminado y desproporcional de dos agentes de la Policía Nacional.

A simple vista ese pago de perjuicios representa una millonaria suma que la Policía Nacional deja de invertir en recursos para combatir la inseguridad, y es un detrimento patrimonial que contribuye a una posible crisis financiera del Estado. Pero conociendo el caso, no cabe duda de que es una justa reparación a los familiares víctimas de la conducta de estos agentes, injusto sería lo contrario. Lo anterior evidencia que no se puede dar un tratamiento genérico a las demandas que cursan en contra del Estado, y los casos merecen un estudio particular.

De hecho, lo criticable no es la creación de esta agencia, sino los mensajes que el Presidente envía al inducir a los jueces a que no fallen en contra del Estado, lo que representa un retroceso en el desarrollo de la teoría de la responsabilidad del Estado y atenta contra uno de los grandes logros de nuestra Constitución.

Las víctimas que sufren un daño por la actuación de la Administración, que no estén en un deber legal de soportarlo, tienen derecho a un resarcimiento, y sobre este punto no cabe discusión alguna. El Estado colombiano no necesita tanto buenos abogados como necesita funcionarios bien preparados que respeten las normas de conducta y los derechos de los ciudadanos.

Tatiana Dangond Aguancha

Responsabilidad de Todos

29 de Febrero de 2012

El Estado colombiano tiene una deuda histórica con las víctimas de la violencia, por su permisibilidad con la impunidad, displicencia y en ocasiones, complicidad. Lo anterior conlleva a su responsabilidad de reparar integralmente a las víctimas, donde la verdad encuentra un papel preponderante. No obstante, la sociedad como un todo tiene un deber de acoger, respaldar y apoyar la reparación de las víctimas, en virtud del deber de solidaridad, siempre relegado e ignorado.

El Caribe ha sido de las regiones más afectadas por el conflicto con un número de alrededor de 400 masacres, hechos que han dejado a muchas víctimas en el destierro y el olvido, pues ni el Estado ni la sociedad han desplegado los esfuerzos necesarios, para dar a conocer su verdad.

Es una tristeza que los mismos en el Magdalena, segundo departamento más afectado por la violencia en el Caribe, se desconozcan hechos fatídicos de su historia, como lo fue la Masacre de la Ciénaga Grande. El 22 de noviembre del 2000 un grupo de paramilitares del Bloque Norte salieron de Caño Clarín hacía Nueva Venecia, uno de los tres pueblo palafíticos de la Ciénaga a buscar unos supuestos auxiliares del ELN. Al llegar reunieron a todo el pueblo en la iglesia y después de indagar acerca de estos miembros de la guerrilla masacraron a más de quince personas para luego dejar un mensaje de sevicia y terror con la sangre de las víctimas apiladas. Luego en su camino de vuelta no vacilaron en matar a ráfagas a aproximadamente a 12 pescadores que navegaban por la zona. Jorge 40 habló de 34 muertos en esta masacre, las víctimas afirman que fueron más de 50.

Esta trágica historia, desapercibida ante el escaso cubrimiento nacional es una muestra de que a los colombianos nos urge reconstruir nuestra historia y darle voz a las víctimas para que el país y el mundo conozcan la miseria que viven ante sus ojos. La difusa historia del conflicto que tenemos los colombianos se ha escrito desde las versiones libres de los victimarios.

Por lo anterior hoy quiero abrir la puerta a una propuesta encaminada a reconstruir la verdad desde la perspectiva de las víctimas, a reivindicar los derechos de las personas que han sido objeto de violencia y tendiente a promover una sociedad solidaria y consciente de la realidad que agobia a sus conciudadanos víctimas del conflicto. La Primera Comisión de la Verdad en el Magdalena, liderada por estudiantes, universidades, ONG, fundaciones y grupos sociales, donde las víctimas brinden sus testimonios con plena confianza, sin el miedo de ser una comisión promovida desde el Estado, que cohíba sus testimonios, y que pueda desencadenar en retaliaciones de victimarios.

Esta comisión deberá tener un enfoque distinto al que se ha adelantado por la Comisión de la Memoria Histórica, que es una iniciativa estatal, pues esta debe darse en un marco de independencia, donde se pueda conocer la responsabilidad tanto de los actores armados como del Estado. Este diálogo con la verdad debe tener como eje central a las víctimas, acompañado de un enfoque transversal de género donde la mujer ocupe un papel fundamental en el restablecimiento de sus derechos y dignidad.
Todo esto se vería plasmado en recomendaciones para el Estado, para fomentar campañas para el reconocimiento de las víctimas y para la inclusión social.

Sin verdad no se entiende reparación, como sin esta tampoco se cierra un ciclo de violencia que podría perpetuarse generación tras generación. Construyamos un versión colectiva del pasado con miras al futuro que queremos construir.

Por Tatiana Dangond

@tatidangond