15 de Febrero 2012
Irresponsable y desmedida. Así podemos calificar la falsa noticia propagada por todos los medios del país, donde se afirma que por un fallo (ver link) del Consejo de Estado se tendrán que demoler casas y edificaciones asentadas en las Islas del Rosario.
Para desmentir tal falsedad basta leer el fallo, donde lo que realmente se pide es un mayor control en el cumplimiento del acuerdo que el Estado suscribió con los entonces poseedores de predios, mediante el cual los segundos adquirieron la calidad de arrendatarios para así continuar utilizando estas tierras y no ser desalojados. Además se resalta la necesidad de adoptar medidas ambientales por parte de entidades como el Incoder, Cardique y Dimar, entre otras, que han obrado negligentemente en esta materia.
Pero aprovechando esta mentirota mediática y que muchos están especulando sobre el tema, me tomo el atrevimiento de opinar sobre lo que la gente cree que se falló. Es preciso decir que una decisión de ese tipo habría violado el acuerdo mencionado y atentado contra una de las principales fortalezas de la economía cartagenera, el turismo. En el año 2011 se transportaron aproximadamente 380.000 pasajeros a las Islas, lo que equivale a $4.560.000.000, donde cada uno de los pasajeros además paga un impuesto destinado a la preservación de parques y al mantenimiento del muelle La Bodeguita. Considerando que el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo es uno de los principales atractivos turísticos de Cartagena, y por tanto, gran fuente generadora de empleo para nativos, un fallo en dicha dirección hubiera sido inoportuno, desatinado y perjudicial.
El centro de atención del fallo debe ser la inactividad y falta de interés del Estado en el cumplimiento de obligaciones y protección de la zona. Siendo que el Estado ha sido contundente al expropiar y descarado para incumplir, no se han tomado las medidas necesarias para el cuidado ambiental de las Islas, por lo que han sido los hoteles turísticos los que han liderado esta gestión. Tampoco ha cumplido el Estado con lo pactado en el acuerdo con el cuestionado ex Ministro de Agricultura Andres Felipe Arias, donde se obligaron a pagar el valor de las edificaciones que fueron expropiadas.
Hablando de este atípico acuerdo, hay un hecho criticable y es que existen arrendatarios que no utilizan la propiedad para su explotación económica, sino para paradisiacas vacaciones en exclusivas cabañas, haciendo de dueños y amos, y pagando como canon de arrendamiento la irrisoria cifra del 1% del avalúo catastral. Muchas personas pagan arrendamientos superiores por vivir en apartamentos modestos, sin los lujos y bellos paisajes que ofrecen las islas.
Aunque no fue objeto de tratamiento en el fallo del Consejo de Estado conocido hasta la semana pasada, sí hacen falta medidas que corrijan lo que acontece en estos predios, pues si bien es entendible el arriendo de un baldío para generación de empleo y explotación económica que se traduzca en oportunidades y bienestar para nativos y locales, es inaudito arrendar una tierra productiva del Estado para que solo unos cuantos disfruten sus vacaciones.
Cartagena, propiamente las Islas del Rosario, necesita que se articulen medidas equilibradas que fomenten el turismo, permitan una adecuada explotación de la tierra, que se manifieste en factores de desarrollo y garanticen la sostenibilidad del medio ambiente.
Por Tatiana Dangond Aguancha
@tatidangond
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