
28 de Marzo 2012
La elección de Montealegre simboliza el fin de la “venganza criminal”, excusa de los uribistas para pedir asilos y justificar investigaciones, y es la muestra de que el ente investigador está al vaivén de los intereses políticos.
La elección del nuevo Fiscal ha sido recibida por los uribistas con gran emoción, pues la relación que tuvo Montealegre con el anterior Gobierno los lleva a presumir que las investigaciones que se adelantan en contra de sus funcionarios serán tratadas con mayor imparcialidad, o tal vez atenuadas. Por oposición a otro sector de la opinión pública, que ha recibido al nuevo jefe del ente investigador con bastantes reservas y como un retroceso para las investigaciones en contra de uribistas que se adelantan ante la Fiscalía. A todas estas, lo único cierto hasta el momento es que tiene una excelente hoja de vida y su discurso en pro de los derechos humanos y de defensa a la verdad de las víctimas es un buen indicio para alguien que era defensor del Estado por violación de derechos humanos.
Montealegre es un guiño de Santos hacia los uribistas, asediados por las investigaciones que venían procediendo en su contra y quienes exigían indirectamente de Santos un fiscal que finalizara con la persecución política y que de cierta forma los favoreciera. Con Viviane Morales y Eduardo Montealegre aflora la crisis que afronta la Fiscalía, donde la elección de la ex Fiscal fue anulada por la presión coyuntural, y el nuevo fue postulado para aliviar pesares de la política.
Es necesario fortalecer la institucionalidad de la Fiscalía mediante una ley orgánica que fije lo atinente a requisitos y periodos del Fiscal y Vicefiscal, pues es inaudito que la Corte Suprema haya exigido con la renuncia de Viviane Morales también la del Vicefiscal por no contar este con las calidades necesarias para asumir el cargo de jefe del ente investigador. Estamos frente a un circo institucional, donde las reglas del juego no están definidas, a quien es llamado a reemplazar al Fiscal no se le exigen los mismos requisitos que a este, y a estas alturas se desconoce si el periodo de Montealegre será de uno o cuatro años.
La politización y desorganización de entidades tan importantes para la coyuntura nacional atentan contra el buen funcionamiento de la democracia, vulnera los principios de imparcialidad y autonomía, y obstruye el cumplimiento del mandato constitucional.
Por Tatiana Dangond
@tatidangond
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