Nuestro Procurador General de la Nación, quien es más papista que el Papa, está empleando sus facultades sancionatorias y de control de funcionarios públicos para catapultarse como ganador en su intento de reelección.
Alejandro Ordóñez, el funcionario más católico y devoto de la Nación, está aprovechando la anómala norma constitucional, que estipula que el Senado será el elector del Procurador, para asegurar sus intereses reeleccionistas. Descabellado precepto, pues da pie a que el Procurador y los senadores hagan alianzas que, favoreciendo a ambos, entorpezcan la labor del Jefe del Ministerio Público de vigilar y sancionar las faltas disciplinarias de los funcionarios.
Muestra del problema de esta norma es la actitud que ha tomado Ordóñez frente a sus preferencias políticas, como la absolución de Sabas Pretelt en la ‘Yidispolítica’, o con un hecho más reciente como el cierre de las investigaciones que se le adelantaban a Juan Manuel Corzo por su incursión en la parapolítica. Francamente es dudosa la casualidad de que la Procuraduría haya archivado la investigación de Corzo y, acto seguido, nuestro distinguido Presidente del Senado haya anunciado abiertamente su apoyo incondicional en le reelección de Ordóñez. ¿Será esto un intercambio de favores políticos?
Pues aunque lo anterior pudo ser simpatía de godos, es muy sospechoso que en plena campaña abierta de reelección del Procurador se archiven casos como este y como otros relacionados con la DNE. Pero es también muy dudosa la absolución de semejante personajillo de la política nacional, nada menos que el galardonado como mejor senador, seguramente por sus enaltecidas iniciativas, como su proyecto de inmunidad parlamentaria o sus atinados apuntes como que su sueldo de 16 millones no le alcanza para “tanquear” sus carros. Sumándole a lo anterior, la declaración de Jorge Iván Laverde, El Iguano, quien afirma hubo una relación entre Corzo y el paramilitarismo de Norte de Santander, o las investigaciones que se adelantan ante la Corte Suprema de Justicia por posible tráfico de influencias de Corzo en la Corporación Autónoma Regional, Coponor, como también por su relación con el ‘Carrusel de Notarías’.
Siendo lo anterior solo sospechas, también son atípicas las comidas e invitaciones que hace Alejandro Ordóñez a magistrados y consejeros promoviendo la idea que sea ternado como Procurador, pues por cuenta de Santos, si no se deja presionar, sus intenciones reeleccionistas quedarían en la nada. Nos queda confiar en que la entereza e inteligencia que caracteriza a los magistrados y consejeros los lleve a no ternar a Ordóñez, y salga de una vez de este cargo público que no compasa con sus convicciones religiosas y políticas que le han impedido obrar con la ecuanimidad que su función exige.
En un estado democrático donde se respeta la libertad de cultos e ideologías no son relevantes los lineamientos religiosos o políticos de sus funcionarios, pero sí lo son cuando estos últimos no pueden despojarse de sus creencias a la hora de desarrollar su labor y pretendan convertir su fe en un dogma jurídico.
Por Tatiana Dangond Aguancha
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