Dos enunciados de una edición de El Espectador llaman mi atención, uno dice “Cárcel por discriminar” y otro “Dilema de salud Embera”. En el primero se anuncia la aprobación del proyecto de ley que condena las prácticas de discriminación con una pena de hasta 10 años de cárcel; y el segundo habla de la muerte de un bebé indígena que muere por no recibir el tratamiento indicado para su enfermedad.
Lo que llama altamente mi atención es cómo el Congreso considera que esta puede ser la solución al problema de discriminación, cuando en realidad este no radica en una ausencia de penalización, sino en un problema social de mayor complejidad. Para identificar las causas del problema, sólo tenemos que ver la indiferencia de la sociedad frente a los hechos que generan discriminación, como lo es la grave situación de los grupos indígenas Embera Katío y Embera Chamíes, que aún bajo su situación de desplazamiento no han recibido un plan efectivo para el restablecimiento de sus derechos. Un Estado que habla de derechos y leyes pero nos los aplica, una sociedad que con su mirada de miedo y temor margina grupos étnicos que han sido despojados de su tierra y que habitan en un entorno no apto para sus costumbres.
Los Embera desplazados, habitan en su mayoría en la sombra de La Candelaria en Bogotá, y no es necesario ir muchas veces al centro para notar el miedo en el que viven estas comunidades, atemorizadas por la presencia de la Policía, y de las personas que ahí convergen diariamente, quienes ignoran la existencia de estos grupos. ¿Acaso esto no es una caso de clara discriminación? ¿Podríamos encarcelar a todos los que miran de reojo y con desconfianza a los desplazados? Es evidente que la solución no está en manos de leyes, Constitución o Jurisprudencia, porque a pesar de la existencia de estas y de la protección “especial” que le dan a los grupos étnicos, en la práctica la realidad es otra: es miedo del Estado a pedir perdón por su responsabilidad en la actual situación de estos grupos, y una sociedad a la que poco le importa conocer la verdad de estas víctimas y de sus condiciones de vida.
En la noticia de los Embera, el Distrito de Bogotá dice que estos grupos indígenas no quieren aceptar ver a los doctores, y a mi parecer respetar su cultura implica entender que ellos deben conservar su propia alternativa médica, y es discriminar el considerar que sus medicinas son inferiores a las nuestras.
Esta modificación al Código Penal introduce una norma con un supuesto de hecho tan amplio, que sus efectos pueden ser muy pocos. Es un hecho que el Congreso y la Administración, deben comprender que el problema discriminatorio no se resuelve mediante leyes, y aún en el caso de querer hacerlo mediante ley, es claro que sus intereses no van dirigidos a ello, ejemplo de ella es que no permitan que parejas del mismo género contraigan matrimonio. Tanto la sociedad como el Estado, debe entender que somos iguales, los grupos indígenas, la población afro, y la comunidad LGBT. No discriminar es aplicar igualdad de derechos para todos.
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